Con la activa participación de calificados especialistas internacionales y locales, de organizaciones sociales y representantes de ONG venezolanas, se realizó en Caracas el II Seminario Internacional del Derecho a la Información Pública. Su temario se concentró el torno a la pregunta ¿Cuánto nos cuesta informar y estar informados?

 

El enfoque del evento tuvo un acento social y jurídico y se planteó como propósito promover el ejercicio y la garantía -en la lucha social- del derecho a la información pública en Venezuela. Es el segundo año consecutivo que el movimiento venezolano por el derecho a la información pública, también conocido como Coalición Proacceso, realiza esta reunión de carácter internacional.  En septiembre de 2007 impulsó el I Seminario Internacional sobre acceso a la información. "De la garantía al ejercicio: ¿Cómo demandar información pública?”.

 

Se presentaron videos testimoniales realizados en diferentes zonas de la capital venezolana así como las piezas de promoción de la campaña venezolana por el derecho a la información pública que la Coalición Proacceso produjo para los medios impresos, radio y televisión. En la sección Sala de Prensa del portal de Proacceso se encuentra una selección de los señalados materiales. Las palabras de apertura las pronunció Mercedes De Freitas, Directora Ejecutiva de Transparencia Venezuela.

 

Las preguntas estaban en la antesala. Eran explícitas: Pacientes con enfermedades crónicas que demandaban información acerca de la ficha técnica de productos farmacéuticos que le son recetados así como de la modalidad de apoyo que el estado debe brindarles. Familiares de las personas fallecidas en un accidente de aviación que reclaman al gobierno detalles sobre la empresa de aviación responsable del vuelo siniestrado. Una ONG del área educativa que procura información estadística confiable en torno a programas especiales en los cuales se hizo una importante inversión proveniente de fondos derivados del petróleo.

 

O como señala una periodista del diario El Tiempo, del oriente venezolano: “¿Cuánto ganan los directivos de Pdvsa Gas Anaco? ¿Cuál fue la razón del incendio de la Torre Este de Parque Central? ¿Cuándo fue la última revisión del sistema eléctrico de Puerto Píritu? ¿A qué se debió el choque de dos vagones del Metro de Caracas hace un año? Son parte de las preguntas que tendrían una respuesta de forma sencilla, gratuita y en corto plazo si el país contara con una Ley de Acceso a la Información Pública.”

 

 

Carlos Correa, de Espacio Público, miembro activo de la Coalición Proacceso y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), presentó los resultados de un estudio de 46 solicitudes de datos que hicieron en distintos organismos del Estado venezolano.

Apenas cuatro respuestas positivas se obtuvieron del total peticiones de información formuladas. El resto, 87% de las solicitudes, fueron rechazadas porque los organismos consideraron que no se trataba de datos públicos. La conclusión del informe es clara: “el derecho al acceso a la información en Venezuela no está debidamente garantizado”.

 

El artículo 51 de la Constitución Nacional establece: “toda persona tiene el derecho de dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de su competencia y obtener oportuna y adecuada respuesta”.

 

Alfredo Meza, representante del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela expuso detalles de una experiencia similar a la descrita por Correa. Fue realizada por el equipo de investigación del diario El Nacional y sus resultados demostraron los niveles de opacidad y silencio administrativo por parte de quienes deberían ser los garantes de su difusión: el gobierno. Advierte que el celo por el resguardo de la información proviene muchas veces de funcionarios de mediano y bajo rango, aunque algunas veces se expresa desde el alto gobierno. La rotación de personal es otro factor que afecta el acceso a la información.

 

 

Las experiencias internacionales acapararon la atención de una parte importante del auditorio. Hiram Morales, Jefe de la Oficina Ética de Puerto Rico, considera que hay un parentesco entre la libertad de acceso a la información y la lucha contra la corrupción. Ofrece orientaciones prácticas sobre como diseñar y aplicar una ley de de transparencia y acceso a la información. Se fundamenta en los casos de países centroamericanos y México.

 

 

En México opera el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) . Es el ente independiente que regula y garantiza al ciudadano su derecho al libre acceso a la información pública. Intervino Alonso Lujambio, presidente del IFAI, quien señala que ellos procesan informaciones del ciudadano sin discriminación alguna y sin necesidad de identificación.

 

Si Montesquieu viviera en la actualidad, y tuviera que reescribir  “El Espíritu de las Leyes” – señala Lujambio – agregaría a su obra, como derecho esencial del ciudadano, el correspondiente a la garantía de acceso a la información.  “No importa quién eres o para qué quieres la información. Si es pública, el Estado debe ayudarte a conseguirla de forma gratuita y con rapidez” advierte el funcionario.

 

Estima que una infraestructura humana y tecnológica son básicas para poner a funcionar una entidad independiente como el IFAI.

 

 

Los más emblemáticos casos de solicitudes sin respuestas los presentó, en nombre de Venezuela, la periodista Andrea Daza (El Mundo), también representante del CNP y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Centró su exposición en la persistente campaña de consultas hechas por la Unidad de Investigación de ese vespertino venezolano y, en especial, en el caso de un avión siniestrado así como en las respuestas – negativas, evasivas – dadas por Transaven, el organismo del estado a cargo de la regulación de la industria aeronáutica venezolana.

 

Una conclusión se desprende de su trabajo – prolijo, detallado, argumentado - señaló un comentarista: el valor que tiene en ese tipo de trabajo la perseverancia y la disciplina del solicitante.

 

Por su parte, Moisés Sánchez, Director Ejecutivo de la Fundación Proacceso (Chile), presentó la experiencia de la organización que representa hasta el momento de la reciente aprobación de la Ley de Acceso de la Información en Chile. Resalta el principio de publicidad y progresividad de la ley. Recomienda “no estar solo en el proceso”, convocar a la ciudadanía y lograr que el tema no se perciba como un derecho exclusivo de los periodistas. “No se trata, agrega, solamente de la arista de la solicitud de acceso: también hay que fomentar que el estado provea de información a la sociedad”.

 

 

Veinticinco años  hace que el Partido Laborista inglés presentó su propuesta de Ley de Acceso a la Información. La noticia la comparte Francesca Fanucci. Es integrante de la Global Partners and Associates del Reino Unido. Su exposición reveló el sinuoso camino que experimentó la sociedad británica para llegar a tener, recientemente, un instrumento legal que garantice el libre acceso a la información.

 

La Campaña para la Libertad de Información  (CFOI) se inició en 1984. Desde un principio se planteó no tener ingerencia alguna de parte de partidos. Se financia por fundaciones y organizaciones sin animo de lucro, donaciones y subscripciones. Es apoyada por mas de 100 organizaciones nacionales e internacionales. Sostiene una estrecha cooperación con los medios de comunicación y logró una activa participación ciudadana en el proceso de debate y redacción de la Ley.

 

Francesca Fanucci considera que un elemento clave para lograr que se involucre la gente es llevar el tema a todos los escenarios posibles. “Todos se interesan a la larga en la ley porque todos desean preguntar algo a los responsables del sector público”, señala.

 

Una vez aprobada la ley, advierte, aparecerán obstáculos y argumentos para limitar su aplicación. El verdadero trabajo comienza una vez que se sanciona la ley. Lo expresa quien resalta que fue después de un cuarto de siglo que se hizo realidad en el Reino Unido una ley de acceso a la información.

 

 

Ofrece la representante británica en el evento de Proacceso unas orientaciones. “Unas claves de éxito derivadas de las lecciones que aprendimos en nuestra lucha”.

 

Son las siguientes:

 

- Crear una conciencia pública generalizada acerca de los beneficios de un "gobierno transparente"

 

- Explicar las ventajas prácticas de una Ley de Acceso (asociando este instrumento legal a los derechos económicos-sociales)

 

- Movilizar a amplios sectores de la sociedad civil para que ejerzan acciones respecto de la cuestión del acceso a la información

 

- Considerar a los medios de comunicación como aliados fundamentales

 

- Crear una presión continua para revertir la cultura del secreto

 

- Compartir información con organizaciones afines de todo el mundo

 

- Presionar al Gobierno para que reconozca la importancia del acceso a la información

 

- Redactar una Ley borrador y lograr que se presente

 

E insiste: el verdadero trabajo de una alianza como Proacceso y las organizaciones que comparten sus principios y acciones comienza al día siguiente de la aprobación de la ley. “Es un trabajo de animación, promoción, capacitación…de agitación” que contempla algunos puntos.

 

Y termina su intervención con la cita de un autor universal: George Orwell. Decía el autor de 1984: “En una época de decepción universal, contar la verdad es un acto revolucionario”

 

 

Una dinámica de trabajo propuesta por los organizadores del evento posibilitó la participación de todos los asistentes al evento formular aportes y prefigurar proyectos que activen y promueven socialmente el derecho al acceso a la información. Cinco proyectos estratégicos se plantearon:

 

La mesa del sector de la comunicación recomienda hacer una Campaña denominada “Tengo derecho a saber” centrada en la consigna “Liberen la información.

 

La mesa del sector de los académicos propone una campaña que sensibilice a políticos y funcionarios públicos sobre las implicaciones positivas del derecho al acceso a la información como herramienta de servicio público. Recomiendan difundir los saldos y logros alcanzados por los países donde funciona una ley de acceso a la información y, muy especialmente, desvincular el tema de la diatriba política y la polarización.

 

La mesa de organizaciones populares de base y la mesa del sector empresarial (PyME, cooperativas, cámaras) consideran importante incentivar la aprobación de ordenanzas municipales que hagan posible vivir la experiencia del libre acceso a la información a escala local. La estrategia tiene un componente político, pero esencialmente de plantea un propósito pedagógico-ciudadano.

 

La mesa de las ONG y las organizaciones de la sociedad civil opta por un proyecto radicalmente pedagógico: “Los chamos quieren saber”. Se plantea como un programa de ejercicio del derecho a la información pública en la escuela básica y media-diversificada.

 

Finalmente, una mesa compuesta por una numerosa representación de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), se compromete, por vía de su Asociación de Profesores (APUNESR) a realizar un programa orgánico de capacitación de educadores y organizaciones sociales en la comprensión y uso práctico de estrategias de solicitud de acceso a la información pública. La iniciativa tiene cobertura nacional.

 

El evento concluyó con palabras de la Coordinadora de la Coalición Proacceso, Deborah van Berkel.